Si comparamos los datos de este siglo con los del anterior, encontramos que desde la entrada de España en las Comunidades Europeas hasta el siglo XXI, nuestro país fue condenado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en tan sólo siete ocasiones en el siglo XX frente a las treinta y una condenas (donde se incluyen una de las nueve sanciones pecuniarias impuestas hasta fecha en la UE) que llevamos en este siglo, en tan solo diez años.
Son muchos los datos que nos indican la existencia de problemas no resueltos: el gran número de sentencias condenatorias contra España y el hecho de que de las nueve sentencias dictadas hasta la fecha que implican una sanción económica, una de ellas vaya dirigida contra España (nuestro país fue objeto de una sanción económica en 2003 debido a la mala calidad de las aguas de baño interiores). España ha pasado de ser un Estado discreto y poco incumplidor en materia de medio ambiente en el siglo pasado a ser uno de los verdaderos protagonistas en cuanto al incumplimiento del Derecho comunitario en esta materia.
De las 31 sentencias dictadas en este siglo por el Tribunal de Justicia contra España, 21 son condenatorias, 7 son estimatorias parcialmente y 3 son desestimatorias. Por tanto, tan sólo en tres ocasiones el Tribunal de Justicia ha fallado a favor de España. Este alto grado de incumplimiento nos sitúa en el tercer puesto de los países más incumplidores de este siglo, tan solo por debajo de Italia y Francia.
Un hecho preocupante es que España no parece aprender la lección ya que si algo nos revelan los últimos expedientes abiertos contra nuestro país es que España sigue cometiendo los mismos errores. Los motivos por los que España fue condenada en el pasado son los mismos del presente. La no transposición o mala aplicación de las directivas, los vertederos ilegales, los vertidos incontrolados y las omisiones administrativas son los temas que más se repiten entre las sentencias condenatorias.
El retraso de las autoridades nacionales en el cumplimiento de sus deberes, sin duda, compromete el avance de la marcha europea como modelo integracionista más estructurado existente en el sistema internacional. Al ojear las distintas estadísticas y datos de los anexos del Informe Anual de la Comisión sobre el cumplimiento del Derecho de la UE, el lector debe preguntarse por qué España ocupa, entre los 27 países miembros de la UE, el primer lugar en número de quejas y el tercero en el número de procedimientos de infracción.
Los motivos pueden ser muchos y de muy distinta índole y, algunos de carácter objetivo y, por tanto, más o menos justificables: el crecimiento del sector turístico, la capacidad económica unida al cumplimiento del derecho de medio ambiente, las especiales características de nuestro país (recordemos el elevado territorio español integrado en la Red Natura 2000), la presión urbanística, etc. Algunos otros motivos son achacables, sin duda, al Gobierno español: pereza administrativa, falta de sensibilidad, lentitud parlamentaria, etc. Un gran número de sentencias contra España obedecen a una absoluta falta de dejadez o de medidas por parte de las autoridades competentes.
Como dijo el novelista francés Víctor Hugo, produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha. Ahora parece escuchar (ahí están los datos), veremos si, de una vez por todas, se actúa con contundencia y de forma globalizada, todos en favor de todos.
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